El Salvador cumplió el pasado 4 de marzo 2 años sin firmar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú que obliga a los Estados a garantizar los derechos humanos ambientales, proteger activistas de esta rama y dar a los
ciudadanos acceso a información sobre proyectos que puedan representar un daño ambiental para sus comunidades.
La fecha final para la firma es el 26 de septiembre de este año, pero lo verdaderamente preocupante es que el tema de medioambiente no forme parte de la agenda política y mucho menos se escuche en la opinión pública, dejando en evidencia que en el país los derechos humanos ambientales no son un tema de interés, apenas hay conocimiento de los mismos y aún hay un largo camino por recorrer para llegar a la conciencia colectiva.
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A pesar de que la pandemia del COVID-19 puso en pausa a todo el país, la crisis ambiental no se detiene y es por esa razón que la firma del Acuerdo de Escazú debe ser en un tema de interés urgente para la agenda política y para la sociedad civil. Según las Naciones Unidas, El Salvador es
el segundo país del conteniente con mayor deforestación, deterioro ambiental y con desigualdad de acceso al agua. Con la ratificación de este acuerdo, el país mostrará a la comunidad internacional su voluntad por el desarrollo de la democracia y derechos humanos ya que los ciudadanos pasarán de la consulta a la participación directa que garantice justicia ambiental para sus comunidades y poblaciones más vulnerables.
El panorama aún parece complicado pero no imposible si en las próximas fechas hay un verdadero interés en la población sobre la crítica situación medioambiental que sufre el país para que el Ejecutivo de el primer paso y apueste a un modelo de desarrollo más justo, sostenible y que mantenga informados a todos los sectores de la sociedad, garantizando así lo que demandan la Declaración Universal de Derechos Humanos y Constitución de la República: el derecho a vivir en condiciones dignas y un medio ambiente sano.
La firma y el compromiso que implican el Acuerdo de Escazú son en este momento la solución más próxima que tiene El Salvador para dar paso a proyectos que ayuden a disminuir la brecha de acceso al agua potable, vulnerabilidad climática, degradación de las tierras de cultivo,
sobreexplotación de los recursos naturales y daño a la diversidad biológica.
Los pocos recursos naturales de la región se están deteriorando frente a los ojos de todo el país y eso es algo que ya no se puede ignorar.
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